martes, 15 de agosto de 2017

La política laboral en el período de Ollanta Humala




La política laboral en el período de Ollanta Humala

Ideele Revista Nº 261

Jorge Rendón Vásquez

Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

En sus cinco años de gobierno (de agosto de 2011 a julio de 2016), Ollanta Humala ha continuado la política de flexibilidad laboral dictada por el neoliberalismo e inaugurada por Alberto Fujimori en 1991 como procedimiento para reducir las remuneraciones reales y los derechos sociales de los trabajadores y, correlativamente, aumentar las ganancias de los empresarios. También el Congreso de la República durante este período ha ceñido sus decisiones a esta política.

Antes de la primera vuelta electoral en 2011, las propuestas laborales de Humala se limitaron a algunas referencias difusas, a cierta atenuación de la desigualdad social y a elevar la remuneración mínima sin decir en cuánto. Al pasar a la segunda vuelta, la derecha lo apoyó a cambio de su promesa de continuar la política neoliberal de sus antecesores.

Haciendo honor a esta promesa, Ollanta Humala se entregó en cuerpo y alma a las decisiones de las organizaciones empresariales. Nombró a connotados tecnócratas neoliberales en los puestos claves de la administración económica del Estado y, por supuesto, cuidó de que la política neoliberal en las áreas de trabajo y seguridad social se mantuviese con el mismo rigor precedente. Colocó, para eso, como titulares del ministerio de Trabajo a ciertos políticos y burocratas con minúsculos, opacos o inexistentes conocimientos en las áreas de este ministerio.

Fueron:
Rudecindo Vega Carreazo (de Perú Posible, grupo de Toledo) del 28/7/2011 al 9/12/2011; José Andrés Villena Petrosino (burócrata) del 12/12/2011 al 9/12/2012. (Lo sacaron por armar un escándalo en el aeropuerto de Arequipa, agrediendo verbalmente a los empleados);
Teresa Nancy Laos Cáceres (¿?) del10/12/2012 al 24/2/2014;
Ana Jara Velásquez (congresista de Gana Perú, el partido de Humala) del 24/2/2014 al 22/7/2014; Fredy Otárola Peñaranda (congresista de Gana Perú) del 22/7/2014 al 17/2/2015; Y Daniel Maurate Romero (burócrata del ministerio de Trabajo) del 17/2/2015 al 28/7/2016.

Actividad legislativa

Del ministerio del Trabajo han salido formalmente en este período dos proyectos de ley indispensables para avanzar por la ruta neoliberal; en realidad salieron de alguna oficina de los grupos empresariales: el de creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y el de la llamada Ley Pulpín.

La SUNAFIL ha sido creada como una institución pública descentralizada del ministerio de Trabajo a la cual este le ha transferido el fundamental servicio de inspección del trabajo. El proyecto fue firmado por el ministro de Trabajo Rudecindo Vega en noviembre de 2011, y se le aprobó en el Congreso de la República como la Ley 29981 enenero de 2013. Sin la inspección del trabajo los empleadores tendrían carta franca para desconocer los derechos de sus trabajadores y superexplotarlos.

Desde que se dio el D.S. 003-71-TR, en febrero de 1971 (del cual fui autor), los empresarios han pugnado por modificarlo y finalmente dejarlo sin efecto o hacerlo superfluo con leyes que se aprobaban en cada período de gobierno. En la década del noventa el artilugio utilizado para no aplicar esta normativa, ya desvirtuada y tan exhuberante como poco eficaz, fue reducir en el presupuesto público los recursos para el servicio de inspección, dejándolo con unos pocos inspectores, insuficientes absolutamente para atender las reclamaciones que se multiplicaban por el incumplimiento de la legislación laboral en las empresas. Esta práctica ha continuado con la SUNAFIL, estructurada como una entidad burocrática tan grande como el ministerio de Trabajo y que gasta gran parte de su presupuesto en personal administrativo. El pretexto para crearla fue evitar que las regiones asumiesen la inspección del trabajo, un pretexto fútil, puesto que hay actividades de administración pública que el gobierno central no puede ceder, y la inspección del trabajo y otras funciones inherentes a las relaciones de trabajo y a la seguridad social están entre ellas. A las regiones se les ha dejado como ámbito de inspección las microempresas (D.S. 015-2013-TR del 26/12/2013), que las obliga a disponer de un servicio burocrático paralelo a la SUNAFIL, pero ineficaz por su pequeñez, falta de presupuesto y carencia de personal operativo especializado. Obviamente, la SUNAFIL debería desaparecer y el servicio de inspección del trabajo ser devuelto al Ministerio de Trabajo.

El 5 de noviembre de 2014, siendo ministro de Trabajo Fredy Otárola Peñaranda, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para reducir a la mitad los derechos sociales de los trabajadores hasta los 24 años de edad y despedirlos sin justa causa. En el Congreso le dieron trámite de prisa y el 11 de diciembre de ese año lo aprobaron 65 representantes (nacionalistas, fujimoristas, apristas, toledistas y algunos otros). Sólo votaron en contra 12 representantes (entre ellos Manuel Dammert, Yonhy Lezcano, Rosa Mavila y Verónica Mendoza). La Ley, con el número30288, fue promulgada el 15 de diciembre de 2014. De inmediato cayó sobre ella la crítica acerba de varios laboralistas y de algunas organizaciones sindicales. Y, como un movimiento social nuevo, muchos jóvenes, en su mayor parte de familias con menores recursos económicos, se movilizaron en número e intensidad crecientes. Algunos medios de prensa le concedieron espacio a esta resistencia, y alguien denominó a la nueva norma Ley Pulpín. Mientras tanto en el Congreso varios representantes, sensibilizados algunos y asustados otros por la protesta general, pidieron la derogatoria de la ley 30288.

El 16 de enero el Colegio de Abogados de Lima realizó un debate público en su local entre representantes del Ministerio de Trabajo (el viceministro de Empleo Daniel Maurate, luego promovido a ministro de Trabajo, y el Intendente de la SUNAFIL que trataron de justificar la ley) y algunos laboralistas, entre los cuales me contaba. Ante un auditorio repleto demostré la inconstitucionalidad de la ley 30288, su carácter abusivo contra los jóvenes a quienes se hacía víctimas del primer paso hacia la aplicación del mismo régimen a los demás trabajadores. La conclusión del Colegio, expuesta por su decano Mario Amoretti, fue que esa ley debía ser derogada. El26 de enero de 2015 el pleno del Congreso derogó la Ley 30288 por88 votos a favor (de quienes la habían aprobado y desaprobado) y18 en contra. La campaña contra la Ley 30288 demostró que la acción teórica y la movilización sindical y popular pueden hacer cambiar ciertas normas perniciosas para los trabajadores, a condición de poseer la voluntad de hacerlo.


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El Taller de Investigación de Derecho del Trabajo y Seguridad Social Dr. Jose Matias Manzanilla-UNMSM, se reúne todos los sábados en el horario de 3:00 a 5:00 pm en el aula 348-tercer piso Facultad de Derecho UNMSM

https://www.facebook.com/ManzanillaUNMSM

domingo, 13 de agosto de 2017

NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO: MEJOR DEJARLA EN SUSPENSO...(2010)

NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO: MEJOR DEJARLA EN SUSPENSO...(2010)

"Como de lo que se trata para los empresarios y para el gobierno es de seguir esquilmando a los trabajadores con un proceso laboral en apariencia moderno, pero en realidad de duración medioeval, la implementación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo sigue adelante sin ningún raciocinio sobre su viabilidad y necesidad. Y las dirigencias sindicales en esto no cuentan para nada, practicando una conformidad dictada por el interés o la ignorancia".

                      
Colegas:
La administración de justicia, y en particular la laboral, debería ser rápida, fiable y gratuita. Al contrario, es lenta, lentísima; dudosa, por no decir venal; y costosa. ¡Claro! a muchos abogados puede no importarles cómo es, si de todas maneras tendrán su parte. ¿Se inclinarían los abogados comprometidos en la defensa de los trabajadores a denunciar esa justicia, sabiendo que su actitud podría ir contra sus intereses? Hay varias ONGs que patrocinan a trabajadores en procedimientos administrativos y judiciales, y lo hacen gratuitamente. ¿Por qué! ¿Quiénes las financian? ¿Ese patrocinio no forma parte de la desmovilización ideológica y organizativa de los trabajadores, puesto que los induce a abandonar su propia lucha y confiarse a esa ayuda paternalista? En definitiva, el cumplimiento de los derechos laborales y de seguridad social negados, recortados o 
ignorados es empujado a una larga e incierta travesía por la 
enmarañada ciénaga de la administración de justicia. ¿No les parece que un índice para medir la intencionalidad de los gobiernos y los parlamentos con los trabajadores es su actitud con el proceso laboral?
 Les remito un artículo mío en el que comento la Nueva Ley Procesal del Trabajo del Perú, publicado en la revista “Análisis Laboral”, febrero 2011.
 Cordialmente
Jorge Rendón Vásquez

 

Por el Dr. Jorge Rendón Vásquez*
Profesor Emerito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Docteur en Droit por l´Universite de Paris I (Sorbonne)

 NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO: MEJOR DEJARLA EN SUSPENSO

 

 El 15 de enero de 2010 se publicó en el diario oficial el texto de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 29497, pero no para entrar en vigencia al día siguiente, sino seis meses después. Y, aún así, no de inmediato, sino “de forma progresiva en la oportunidad y en los distritos judiciales que disponga” el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (9ª DC). Hasta el momento, esa oportunidad les ha llegado, tímida y cautelosamente, a Tacna (R. Adm. 236-2010-CE-PJ), Cañete, Yauyos y Mala (R.Adm. 276-2010-CE-PJ); Trujillo y otras provincias de La Libertad (R.Adm. 295-2010-CE); Arequipa (R.Adm. 331-2-1—CE-PJ); y Cusco (R.Adm. 368-2010-CE-PJ; en total, unos 15 juzgados laborales ya existentes en localidades con cifras relativamente bajas de trabajadores dependientes. No se ha creado ningun nuevo juzgado ni sala.

¿Por qué?

La aplicación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo es muy costosa. Para atender la carga procesal acumulada y nueva se requeriría un número de jueces de primera instancia y de salas laborales cuatro a seis veces mayor al existente, lo que en buen romance quiere decir que, si esta Ley fuera aplicada en todo el país, al no aumentarse el número de jueces y salas, los procesos laborales, que duran actualmente de tres a seis años con la Ley 26326, se prolongarían hasta unos diez o más años. Con el Decreto Supremo 007-71-TR de 1971, terminaban no más allá de los seis meses de interpuesta la demanda. Se progresa, como se ve, en duración  y … en complejidad.

Pareciera que los legisladores hubieran prescindido de la relación costo-beneficio. No se han basado en estudios sobre la carga procesal laboral. Han preferido ignorar el número de demandas laborales ingresadas diariamente en cada distrito judicial y el número de sentencias en cada instancia y en la Corte Suprema en ese período. Si son 100 las demandas recibidas por día y 30 las sentencias emitidas, el déficit es 70%.

Ya la actividad judicial laboral le cuesta mucho al Estado ahora, por las elevadas remuneraciones de los jueces y los elementos requeridos para realizarla. Y las tasas judiciales no llegan a financiarla sino en un porcentaje reducido. ¿Le han asignado al Poder Judicial en el Presupuesto del presente año los recursos necesarios para la implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo? Es evidente que no. Es como si los legisladores hubieran dejado en una plaza un sofisticado automóvil sin combustible, sin una carretera adecuada y con un conductor no bien capacitado para conducirlo. Todos lo mirarían con curiosidad, pero allí se quedaría detenido e inútil.

Para los miembros de la comisión de abogados llamados a preparar el anteproyecto de esta ley, sugerir ideas nuevas y debatirlas fue, tal vez, la oportunidad que habían estado esperando de lucir su sapiencia y adhesión a los principios de oralidad e inmediación, como innovaciones espectaculares en torno a los cuales debía gravitar el nuevo proceso laboral. Poco importaba que una audiencia de este proceso ideal tuviese que durar tres horas, para concluir en un acta que no abarcaría la actuación de todas las pruebas admitidas, ni que un juez sólo pudiese atender una audiencia por la mañana y otra por la tarde, ni que la revisión y la firma del despacho le tomara unas tres horas más, ni que la redacción de las sentencias quedara como una tarea para la casa, a efectuarse por las noches, los sábados y domingos, y frecuentemente acompañada del bullicio del hogar. No consta en ninguna parte que los jueces laborales y sus órganos de representación hayan considerado y, menos aún, criticado la carga procesal que ya tienen ni, obviamente tampoco, la que esa Nueva Ley Procesal del Trabajo les acarrearía. Criticarla no es parte de su función. Si el déficit procesal aumenta no les será imputable. Ellos seguirán sacando el número de sentencias que buenamente puedan por día, mes y año.

La relación laboral es relativamente simple. Vincula a un empleador y un trabajador para la ejecución del trabajo dependiente y el pago de una remuneración. Aun cuando estas prestaciones se dividen en varias fases, no ofrecen un panorama complejo e inextricable. La doctrina y la práctica las han convertido en entidades diáfanas, determinadas y manejables, por sus actores, los profesionales ocupados en ellas y los jueces laborales. Más aún, los documentos inherentes a la relación laboral, como las planillas y boletas de pago, y el registro de asistencia, permiten conocerla en gran parte. De manera que, correlativamente, el proceso laboral de conocimiento y declaración de derechos podría ser simple, único, breve, escrito, salvo la audiencia, y teniendo por eje la inversión de la carga de la prueba. Este principio, que coloca en el empleador la obligación de probar el cumplimiento de sus obligaciones, facilita el acceso a la verdad real, y no sólo legal. El Decreto Supremo 007-71-TR era terminante en la aplicación de este principio. “La sentencia declarará fundada la demanda –disponía-: respecto de los puntos en que correspondiendo la carga de la prueba al demandado, éste no los hubiere probado.” (art. 50º-b). La Ley 26636 colocó también el peso del onus probandi en el empleador al decir: “Corresponde al empleador demandado probar el cumplimiento de sus obligaciones contenidas en las normas legales, los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno de trabajo y el contrato individual de trabajo.” (art. 27º-2). Pero hizo desaparecer el efecto de este principio en la sentencia, y lo sustituyó por una lata valoración de las pruebas por el juez “en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada” (art. 30º). En la Ley 29497, la obligación del empleador de probar ciertos hechos sobrevive, pero privada también de su efecto jurídico si la incumple, y, de paso, se ha eliminado la valoración de la prueba por el juez, quien se convierte así en una suerte de autócrata del proceso.

Una gran parte de los procesos laborales se desencadena por despidos de hecho, sin las formalidades esenciales, o con la simple alegación de alguna causa imputada al trabajador. Si el despido es de hecho o sin las formalidades esenciales, lo que correspondería sería la reinstalación inmediata del trabajador en su puesto. Pero tal no es el sentido del Decreto Legislativo 728. El proceso incoado por el trabajador debe seguir su curso para que, finalmente, luego de varios años, el trabajador, si lo gana, pueda accionar, en un proceso complementario de ejecución. Cuando el despido sobreviene por la imputación de una causa justa, si bien, la carga de probar la existencia de ésta corresponde al empleador, en la práctica de todos los días, es el trabajador quien debe probar que esa causa no se ha producido, y, por supuesto, atenerse también a las resultas del proceso, luego de varios años de pleitear.

Hace poco, la Presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner aludió a la existencia y prosperidad de una “industria del juicio” al criticar el sistema de indemnizaciones por accidentes de trabajo en manos de compañías privadas de seguros. Como éstas pagan muy poco, a los trabajadores afectados o a sus deudos no les queda otro camino que el de los tribunales de justicia, en los que, por lo general, obtienen las indemnizaciones que les corresponden, que deben compartir con sus abogados.

Con la Ley 26636 y con la Nueva Ley Procesal del Trabajo se ha estimulado también en nuestro país una “industria del juicio laboral”. Pero con diferente dirección para los empleadores y los trabajadores.

Para ciertos empleadores, no pagar las remuneraciones, no pagarlas completas u omitir el pago de los derechos sociales se presenta como un negocio rentable. Con el Decreto Ley 25920, del 27/11/1992, el empleador, al terminar el proceso laboral, sería condenado sólo al pago del “interés laboral”, inferior al “interés legal” previsto por el art.   1244º del Código Civil. Le es preferible, por lo tanto, esperar que lo demanden y encargar su defensa a algún estudio jurídico especializado en asuntos laborales. Incluso añadiendo los honorarios de éste a lo que tuviera que pagarle al trabajador si perdiera el proceso, más caro le costaría tomar en préstamo de un banco una suma de dinero equivalente. Pero tendría, además, la posibilidad de ganar el juicio y no pagarle nada a su contrincante.

A los trabajadores, la vía procesal les implica pagar los honorarios del abogado. Algo tienen que darles al comenzar el proceso, según su capacidad económica, y luego, por lo general, sujetarse al pacto de cuota litis que suele ascender al 30% para el abogado de lo que se obtenga al final.

En este juego, todos los abogados ganan. Tanto la Ley26636, como la 29497, parecen haber sido concebidas paraellos, y no para los trabajadores.

Una perspectiva complementaria de esta situación lamentable es la atmósfera pesada en el panorama social, recargada más todavía con desaciertos como el indicado.

Si no fuera posible dejar sin efecto la Nueva Ley Procesal del Trabajo por otra ley inmediata, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial debería ponerla en suspenso hasta que el Congreso de la República, con su nueva composición luego del 28 de julio de este año, la reexamine y resuelva.

miércoles, 3 de mayo de 2017

Se profundiza crisis en Cervecería Nacional



Se profundiza crisis en Cervecería Nacional

Sindicatos a punto de agotar instancias de diálogo

En Tegucigalpa, Giorgio Trucchi
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Jaime Acevedo | Foto: Giorgio Trucchi
Hoy 3 de mayo finaliza el proceso de negociación del pliego de violaciones a la convención colectiva, presentado hace unos meses por los sindicatos de Cervecería Nacional S. A. (CNSA). Además de denunciar la intransigencia de la transnacional belga-brasileña, alertan ahora sobre el posible inicio del procedimiento de huelga.
En el mes de enero, los dos sindicatos de Cervecería Nacional pidieron a la nueva administración1 instalar una mesa de diálogo, para abordar varias problemáticas que se estaban dando en diferentes áreas.

viernes, 10 de marzo de 2017

MTPE: “La Sunafil tiene que saber que no nos interesa multar a empresas”

MTPE: “La Sunafil tiene que saber que no nos interesa multar a empresas”

MTPE: “La Sunafil tiene que saber que no nos interesa multar a empresas”
ENTREVISTA. Augusto Eguiguren, viceministro de Trabajo, detalla las propuestas para el cese colectivo, la Sunafil y la formalización, así como las trabas a su implementación.
El Ejecutivo está preparando reformas para el mercado laboral. Las medidas atañen a la forma de trabajar de la Sunafil (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral), el reordenamiento de los regímenes laborales (de modo que sólo hayan tres, uno de los cuales sea para las mypes e incentive la formalización) y precisiones respecto del cese colectivo. SEMANAeconómica conversó con el viceministro de Trabajo, Augusto Eguiguren, sobre los detalles.

¿Cómo proponen cambiar la Sunafil?

Hemos pedido una reducción de las multas. Se debe capacitar a los inspectores porque ahora multan a las mismas empresas por lo mismo. Hacen visitas para fiscalizar el pago de las gratificaciones, la CTS y las vacaciones, cuando eso podría verse en la planilla electrónica.

¿Cómo incrementarán la formalización?

El régimen para las mype ofrecerá créditos e incentivos tributarios. La Sunafil tiene que saber que no nos interesa multar a las empresas, porque algunas multas pueden hasta quebrar a las mype, sino que éstas hagan un mejor trabajo y que continúen por un mínimo de dos años.

¿Que regímenes proponen?

Son tres: un régimen general, un régimen promotor como para el sector agroexportador y un régimen para las mype. El régimen general contempla la posibilidad a futuro de que el MEF absorba el 9% de los aportes de salud, algo con lo cual no estoy del todo de acuerdo porque pareciera un subsidio. El tema de las CTS ya no es el concepto que era, una protección contra el cese. Se está pensando en un seguro de desempleo para cubrir a las personas nuevas, que asegure cuatro remuneraciones. También proponemos una remuneración integral: al contratar a una persona, le das un monto integral y le pagas sólo 12 veces y no 14 veces al año.
El régimen para las mype es el que menos sobrecostos tiene. Comprende la promoción de créditos e incentivos [tributarios] como en los casos que la familia trabaja en la empresa. Por ejemplo, que se puedan deducir los pagos de la esposa. Muchas veces [las mype] contratan en familia y no están en planilla y ganan menos del mínimo.

¿Qué han propuesto sobre ceses colectivos?

Proponemos que, salvo en casos de falencia económica [como la bancarrota de una empresa], los empleados no dejen de trabajar hasta que se apruebe el cese colectivo. Una vez aprobado, sólo recibirían un máximo de seis sueldos de indemnización.

¿Cómo lograrán la meta de crear 1.5 millones de empleos para el 2021?

Mediante el destrabe de proyectos, y el crecimiento de la economía y del PBI. El fomento que el presidente está dando al acceso al agua debería ser multiplicador. Pero siento que no se avanza como se debe.

Se proyecta que el PBI crezca menos de 4% este año (SE 1533). ¿Qué medidas tomarán?

No estamos tan pesimistas. De todas formas tenemos que llegar [a la meta de empleo].

¿Qué medidas de la reforma laboral pueden salir pronto?

Casi todas son leyes y tienen que pasar por el Congreso. En abril las vamos a plantear ante el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) y en julio ante el Congreso.
De las medidas que hemos propuesto, hay dos decretos supremos que puede sacar el Ejecutivo, pero no tiene sentido sacarlas hasta que no se aprueben las leyes correspondientes. [Con el anuncio de la reforma] puede haberse generado una expectativa grande de la gente, pero falta el Congreso. Hay pequeñas cosas que ya hemos hecho, como simplificación de trámites.

¿Cómo cree que avance el debate dentro del CNT?

Creo que falta una renovación [en el CNT], porque demora mucho en tomar decisiones. Falta gente joven que tenga otras ideas. El CNT funciona como un club: cuando quiere entrar alguien nuevo, no lo permiten.

¿Se aprobará el régimen laboral juvenil mediante decreto supremo?

Será por el Congreso. Muchas medidas podrían ser por decreto supremo, pero el ministro [Alfonso Grados] quiere sociabilizarlas. Se quiere dar incentivos tributarios a empresas para que sea más atractivo contratar jóvenes.
Fuente: Semana economica
POR ANDREA MONCADA